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Puerto Plata, RD.– Un equipo de promotores inmobiliarios, compuesto de padre e hijo, en la República Dominicana (R.D.) cobraron más de $100 millones en un plan inmobiliario fraudulento, según declaraciones juradas presentadas en una acción en una corte federal de Miami.

De acuerdo con documentos enviados a la redacción de lanaciondominicana.com, vía a-mail, ha comenzado una batalla legal internacional para tratar de recuperar los fondos para cientos de inversionistas de Estados Unidos y otras nacionalidades que fueron timados en el ardid de larga duración que involucraba propiedades en Sun Village en Puerto Plata y Juan Dolio en la costa sur de la República Dominicana.

Los expatriados canadienses Frederick Elliott y su hijo Derek Elliott timaron a más de 2.500 inversionistas en bienes raíces y compradores de tiempo compartido en sus propiedades tipo balneario, según las demandas interpuestas en nombre de las víctimas en Estados Unidos y la República Dominicana.

Una declaración jurada del 20 de marzo de Gregory Clark, ex director financiero de los Elliott, ofrece una reveladora mirada al interior del plan de inversión en la R.D. durante los pasados nueve años. “Los Elliott crearon una serie de vehículos de inversión de participaciones en bienes raíces y obtuvieron millones de dólares”, dijo Clark.

Clark agregó que los Elliott usaron esos fondos que eran mantenidos en la República Dominicana, las Islas Turcos y Caicos (ITC) y otros sitios, como “alcancías” para su uso personal y para financiar otras compañías y empresas comerciales. También usaron parte de los dólares recibidos de nuevos inversionistas para pagarles un pequeño retorno a los primeros compradores.

Utilizando una compleja red de compañías en ultramar, fideicomisos y sociedades de pantalla, los Elliott usaron el dinero de los compradores para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo un yate de $500.000, un avión privado; para pagar $1 millón en deudas de juego en Las Vegas, y para comprar propiedades sustanciales en la República Dominicana para su beneficio personal, según otros documentos en la corte.

Una acción federal interpuesta en nombre de más de 750 inversionistas alega que a pesar de obtener más de $100 millones, los Elliott aún no han completado ni siquiera uno de sus proyectos en la República Dominicana, ahora han suspendido todos los pagos regulares prometidos a los inversionistas inmobiliarios, y también han amenazado con terminar sus participaciones en la propiedad si esos inversionistas hacen valer sus derechos legales.

Los inversionistas están compuestos por dos grupos diferentes. Un grupo representado por el abogado Michael Díaz, Jr., socio principal de Díaz Reus & Targ, LLP, Miami, y el otro representado por Hilda Piloto, una socia en Arnstein & Lehr, LLP. La corte federal de Estados Unidos ha programado una audiencia de dos días a principios de abril para la presentación de pruebas, a fin de decidir si debe dictar un medida cautelar preliminar en contra de los promotores.

La acción federal de Estados Unidos en Miami no es la única acción contra los promotores. El 6 de marzo, el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de las Islas Turcos y Caicos inhibió la transferencia u otra disposición de los activos de las varias compañías tenedoras de los Elliott en esa jurisdicción.

Documentos presentados en la corte federal de Estados Unidos citan a los Elliott diciendo que ellos intencionalmente establecieron una estructura legal compleja para estar a “salvo de decisiones judiciales”. Esto ha llevado a un enfoque multijurisdiccional cuyo objetivo es preservar tantos activos como sea posible, incluyendo propiedades personales, cuentas bancarias, y bienes raíces, en nombre de los inversionistas defraudados.

Según los documentos presentados en las cortes tanto de Estados Unidos como en Turcos y Caicos, Frederick Elliott comenzó a buscar inversionistas en 1987 en procura de fondos para adquirir terrenos frente al mar en Puerto Plata. A finales de 1999, los Elliott anunciaron planes de desarrollar villas para la venta en esa parcela y un año más tarde anunciaron un acuerdo para desarrollar Sun Village Resort, de 300 habitaciones en la propiedad.

En los cuatro años siguientes los Elliott obtuvieron $32 millones de aproximadamente 1.600 accionistas para el balneario. En 2004, con el balneario sólo parcialmente terminado, los Elliott entonces diseñaron un plan para vender tiempo compartido en el hotel existente, y eventualmente obtuvieron $64 millones más, según los documentos en la corte.

Las demandas en la corte y ocho declaraciones juradas de compradores, ex vendedores y Clark presentadas en apoyo de las acciones declaran que, a pesar de haber obtenido $96 millones a la fecha, el Sun Villa Cofresi Resort aún no ha sido terminado. Hay por lo menos dos edificios en el complejo de múltiples edificios donde aún cuando el exterior ha sido terminado, los interiores nunca se han hecho y, por lo tanto, son inhabitables según dicen los documentos en la corte.

En 2004, los Elliott decidieron comprar un Hotel Sheraton abandonado en Juan Dolio, y nuevamente comenzaron a vender participaciones inmobiliarias a inversionistas individuales. A pesar de obtener decenas de millones de dólares para el proyecto de Juan Dolio, la remodelación continúa incompleta, según lo confirma la declaración jurada de Clark.

El auto de la corte de las Islas Turcos y Caicos requiere que los demandados presenten por escrito a los abogados de los demandantes “detalles completos de los ingresos recibidos de la operación de las propiedades de Sun Village Resort y Juan Dolio… cómo fueron gastados dichos ingresos… [y] pagos a Frederick Elliott y Derek Elliott o cualquier compañía controlada por cualquiera de ellos…”

Se prevé que se presentarán más acciones legales en otras jurisdicciones donde las compañías de los Elliott están incorporadas y en jurisdicciones donde los Elliott pueden mantener activos comprados con las ganancias de las ventas a inversionistas.

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